Las demoliciones de viviendas en la Jerusalén ocupada es una violación flagrante de todas las resoluciones, normas y convenios internacionales, y un claro intento de imponer restricciones a los residentes de Jerusalén y hacer la vida imposible a los habitantes históricos de la ciudad para obligarlos a emigrar. Mientras tanto, miles de viviendas ilegales para colonos extranjeros se levantan sobre tierras confiscadas a los palestinos.
El Centro Hemaya de Derechos Humanos de Palestina consideró que los actos de demolición y desplazamiento llevados a cabo por las autoridades israelíes de ocupación corresponden a una clara extensión del crimen de desplazamiento forzoso de palestinos de sus tierras en 1948 y 1967, que el derecho internacional humanitario tipifica como un crimen de guerra y cuyos perpetradores deben rendir cuentas.
En un comunicado hoy domingo, el centro expresó su rechazo a la justificación de las autoridades de ocupación para estas acciones y su manipulación a través de supuestos procedimientos “legales”.
Hizo un llamado al Secretario General, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y a la Corte Penal Internacional a actuar de inmediato para detener la demolición y el desplazamiento en la ciudad ocupada de Jerusalén, investigar lo sucedido y llevar a los involucrados en el crimen de desplazamiento forzoso a juicios.
La declaración de Hemaya señala que «El pretexto de que estos edificios e instalaciones no tienen licencia -que la ocupación militar otorgaría- es una maniobra que no tiene justificación legal, especialmente a la luz de la negativa de la ocupación a conceder permisos de construcción a los palestinos en Jerusalén o tarifas muy altas y en muchas oportunidades imponer multas».
A su vez y de acuerdo con la legalidad internacional, Jerusalén es una ciudad ocupada y la potencia militar de ocupación no puede aplicar su propia legislación a los habitantes bajo ocupación y no tiene jurisprudencia alguna para apropiarse de los bienes de la población bajo ocupación. Los Convenios de Ginebra, claramente prohíben que la potencia militar de ocupación lleve a cabo destrucción de bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al estado o a colectividades públicas, a organizaciones sociales o a cooperativas, (Art. 53). Sin embargo, Israel que nunca ha respetado legalidad alguna, ha fabricado una seré de leyes que solo se aplican a los palestinos, para dificultar la construcción de viviendas para palestinos, demoler las casas, expulsar a los palestinos de Jerusalén, que solo los israelíes puedan reclamar propiedades, pero los palestinos no lo pueden hacer, etc.
La declaración de Hemaya agregó que “Seguimos con gran preocupación el aumento en el ritmo de demoliciones y desplazamientos en la ciudad de Jerusalén ocupada durante las últimas dos semanas, ya que las autoridades de la ocupación demolieron 19 instalaciones y unidades económicas y viviendas en solo 13 días, entre el 9 y el 22 de enero de 2022.
Los trabajos de demolición afectaron a edificaciones económicas, comercios, viviendas, un cementerio y un estadio, y los trabajos de demolición en Jerusalén ocupada se concentraron en el barrio de Sheikh Jarrah, Al Walaja, Al Isawiya, Wadi Al-Joz y Jabal Al Mukaber, señaló el comunicado de Hemaya.
El Centro Hemaya enfatizó que la demolición de viviendas en la Jerusalén ocupada es una violación flagrante de todas las normas y convenios internacionales, y un claro intento de imponer restricciones a los residentes de Jerusalén y hacer la vida imposible a los habitantes históricos de la ciudad para obligarlos a emigrar.
Destacó que estas acciones no pueden desligarse del proceso de judaización y la expansión de los asentamientos ilegales en la ciudad ocupada de Jerusalén.
Fuente: Corresponsal de PalestinaLibre.org en Jerusalén ocupada
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