En una carta suscrita por el secretario general de AI, Salil Shetty, la organización solicita “medidas urgentes” a Peña Nieto para proteger la integridad de cuatro personas, toda vez que, pese a evidencias de que fueron detenidas por marinos adscritos a Nuevo Laredo, Tamaulipas, los testimonios han sido reiteradamente negados.
Con copia para el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón, Shetty recuerda a Peña Nieto que los familiares de los desaparecidos han advertido en su búsqueda que “las fuerzas de seguridad y la procuración y administración de justicia no son capaces o no tienen voluntad para esclarecer los hechos y encontrar a las víctimas”.
Los desaparecidos son José de Jesús Martínez Chigo y Diana Laura Hernández Acosta, de 33 y 17 años, detenidos el lunes 29 de julio en un retén de la Marina en Nuevo Laredo.
Además de David Raúl Álvarez Gutiérrez, de 17 años, detenido por marinos en un retén el martes 30 de julio, y Armando Humberto del Bosque Villarreal, quien fue sacado de su automóvil por elementos de la Armada en presencia de policías municipales y su padre, Armando del Bosque, el sábado 3 de agosto en Colombia, Nuevo León.
“Como comandante en jefe de las fuerzas armadas, usted tiene la responsabilidad última de asegurar que las fuerzas bajo su mando no cometan violaciones a derechos humanos, como las desapariciones forzadas, y para garantizar que haya una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva para localizar a las víctimas con vida, esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, recordó el activista al presidente mexicano en la misiva.
Después de recordar que desde su toma de posesión, en diciembre de 2012, Peña Nieto ha reiterado que no tolerará violaciones a derechos humanos por las fuerzas de seguridad, las desapariciones en el norte del país “ponen en duda la seriedad de ese compromiso”.
Shetty señala que estos hechos representan también “una oportunidad de demostrar en la práctica” que el Ejecutivo mexicano tiene la capacidad de “hacer rendir cuentas a las autoridades castrenses que cometen abusos o encubren a sus elementos que los cometen”.
Asimismo, destaca que en junio de 2011 Amnistía se dirigió al entonces presidente Felipe Calderón para solicitar su intervención en la localización de seis personas detenidas por miembros de la Marina, también en Nuevo Laredo.
Los desaparecidos fueron identificados como José Fortino Martínez Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Martín Rico García, Usiel Gómez Rivera, Diego Omar Guillén Martínez y Joel Díaz Espinosa.
“A pesar de la recomendación 39/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que confirmó la desaparición forzada de las víctimas, el gobierno nunca tomó las medidas necesarias para localizar a las personas desaparecidas o llevar ante la justicia a los responsables”, acusa el representante de AI, quien sostiene que la falta de respuesta de las autoridades “es emblemática de un gobierno que pasó por alto sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
Después de recordar que en junio pasado AI presentó el reporte Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición forzada en México, que muestra casos emblemáticos atribuidos tanto a la delincuencia organizada como a miembros de las fuerzas de seguridad, ocurridos durante el sexenio pasado, Shetty refiere que ante los graves problemas de violaciones a derechos humanos en México, el gobierno de Peña Nieto todavía no ha demostrado efectividad.
“Hasta el momento, la respuesta de su gobierno no ha estado a la altura de esta crisis de derechos humanos”, dijo Shetty a Peña Nieto, al señalar que su organización “está consciente de la compleja situación de seguridad en México, y en particular en el estado de Tamaulipas, con las acciones violentas de grupos del crimen organizado”, pero que los casos ocurridos los últimos días de julio y los primeros de agosto marcan un comportamiento de las fuerzas castrenses atentatorio de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en el derecho internacional.
El secretario general de AI aclaró a Peña Nieto que solicita su intervención porque los familiares de las víctimas “están esperando acciones de su parte, porque parece que las fuerzas de seguridad y la procuración y administración de justicia no son capaces o no tienen voluntad para esclarecer los hechos y encontrar a las víctimas”.
Ante la gravedad de los hechos, AI emplazó a Peña Nieto a dar respuesta para localizar a las personas desaparecidas. Enseguida sentenció: “La capacidad del Ejecutivo para ejercer su autoridad sobre las fuerzas armadas está a prueba en estos momentos”.
